Samuel Blixen, RECONCILIACION PREMATURA

RECONCILIACION PREMATURA.
NUEVOS DOCUMENTOS CONFIRMAN LOS CRÍMENES QUE EL EJÉRCITO NIEGA.
Samuel Blixen(Brecha).
No hay reconciliación sin conocimiento de toda la verdad. Esa convicción - que contradice los esfuerzos del presidente Tabaré Vázquez por instalar un Nunca más - quedó reforzada con la divulgación de 23 documentos de la diplomacia estadounidense recientemente desclasificados, referidos a traslados clandestinos de refugiados uruguayos detenidos en Argentina, y que confirman la práctica de asesinatos masivos en Uruguay, entre 1976 y 1978. La ampliación de denuncia del llamado “tercer vuelo”, presentada ante el juez Luis Charles por el abogado Óscar López Goldaracena en base a uno de esos 23 documentos, se produjo apenas 24 horas después del acto que el presidente Vázquez encabezó en la plaza Independencia. Militares que adhirieron a la convocatoria del mandatario están involucrados en esos traslados ilegales, algunos realizados como parte de un acuerdo para extraditar clandestinamente a militantes argentinos detenidos aquí. Los documentos - que confirman las denuncias de los familiares de las víctimas sobre la ola represiva desencadenada entre diciembre de 1977 y agosto de 1978 por comandos uruguayos coordinados con el Ejército y la Policía argentina - ponen en evidencia la debilidad de una política que pretende un acercamiento con los responsables de las ejecuciones en masa. Si el “segundo vuelo” dejó al descubierto el asesinato de una veintena de refugiados uruguayos trasladados clandestinamente desde Buenos Aires en octubre de 1976, el expediente del “tercer vuelo” (en realidad una serie de traslados clandestinos ocurridos entre febrero y agosto de 1978) implica la desaparición definitiva de por lo menos otros 21 uruguayos. Algunos de ellos habrían sido enterrados en los predios de La Tablada, después de ser interrogados y torturados por Oficiales del Ejército y la Armada durante los carnavales de 1978. Los nuevos elementos aportados a la causa judicial reiteran una constante: todas las informaciones referidas al Plan Cóndor y a la coordinación represiva - que involucran los operativos más aberrantes, desde los crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz hasta los asesinatos masivos de refugiados, pasando por los robos de niños - son o bien el producto del esfuerzo de investigación de organismos de derechos humanos o bien documentos aportados por organismos oficiales extranjeros. Las Fuerzas Armadas no han aportado hasta ahora documentación que refiera a los operativos del Cóndor; incluso la confirmación de los mandos de la Fuerza Aérea sobre el “segundo vuelo” carece hasta el día de hoy de referencias detalladas sobre la identidad de las víctimas y el destino final ordenado por los mandos militares. El Nunca más como recurso de reconciliación se revela, así, prematuro, y consolida la determinación de los mandos militares de mantener oculta la documentación de origen oficial que permitiría acceder a la historia completa del terrorismo de Estado. El Comandante del Ejército, Jorge Rosales, reiteró el martes 19 en la plaza Independencia que cualquier investigación interna en el Ejército fue clausurada por orden del presidente de la República. LA CONFIRMACIÓN DE LA LISTA Al cierre de esta edición, la fiscal Mirtha Guianze estudiaba la ampliación de denuncia presentada por el abogado López Goldaracena para definir el alcance de la solicitud de acción al juez Luis Charles. El conjunto de evidencias y de indicios acumulados en el expediente comprueba que entre diciembre de 1977 y agosto de 1978 se produjeron intensos operativos en Argentina y en Uruguay que implicaron secuestros en ambas márgenes del Plata, interrogatorios y torturas en dependencias militares argentinas y uruguayas y traslados en lanchas y aviones. Los operativos conjuntos y el intercambio de prisioneros incluyeron complejas coordinaciones con participación de diversos organismos de las dos dictaduras, que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificaba como un sustancial incremento, en el período, de la práctica de la desaparición forzada. Todo ello refuerza uno de los aspectos clave de la investigación judicial: la responsabilidad del Teniente General Gregorio Álvarez, quien en febrero de 1978 asumió la conducción del Ejército. Según López Goldaracena, por la magnitud e intensidad de esa coordinación represiva, “es impensable suponer que Álvarez pudiera desconocer los hechos”. El documento presentado el miércoles 20 ante la sede judicial es un despacho del embajador Castro, representante de Estados Unidos en Argentina, al Secretario de Estado en Washington, fechado en abril de 1978 y titulado: “Posible devolución de refugiados uruguayos”. En él se consigna la preocupación de los responsables de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respecto de la devolución de más de 25 refugiados uruguayos. Algunos de esos extraditados clandestinos contaban con el amparo del acnur. El embajador Castro consigna que “ACNUR posee información que establece que autoridades argentinas permitieron a efectivos de inteligencia del Ejército uruguayo que llevaran adelante operaciones en Buenos Aires a fines de diciembre y enero para arrestar a un número de uruguayos refugiados residentes en Argentina”. El documento desclasificado afirma que “se sospecha que se trata de una devolución de favores al gobierno uruguayo a cambio de la operación en el caso de Oscar Ruben de Gregorio”. Se refiere a la detención en Colonia del militante montonero, por parte de efectivos de la Prefectura Naval, que fue finalmente trasladado a Buenos Aires en un helicóptero. El informe también señala que los represores concretaron el cobro de 8 mil dólares a los familiares de uno de los refugiados detenidos - cuyo nombre no se especifica - con la promesa de que, una vez en Uruguay, sería absuelto de cargos y dejado en libertad. La lista de nombres de trasladados, incluida en el documento, coincide con la lista de uruguayos detenidos entre diciembre de 1977 y mayo de 1978 que fueron vistos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes. Entre esos nombres figuran los de cuatro militantes trasladados en febrero de 1978 a Uruguay, vistos en La Tablada por otros detenidos sobrevivientes. Las informaciones recabadas por acnur en Buenos Aires confirman las sospechas de que el resto de los uruguayos secuestrados en Banfield y en Quilmes también fueron trasladados a Uruguay, donde desaparecieron. La referencia al “pago de favores” sustenta también la hipótesis, consignada en la denuncia judicial del “tercer vuelo”, de que sucesivos traslados coincidieron con los operativos realizados en Uruguay en los que militares argentinos, probablemente marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), capturaron a militantes montoneros. Algunos de esos militantes fueron muertos en enfrentamientos en balnearios de las costas de Canelones; otros fueron trasladados en avión hacia Buenos Aires. Dichos vuelos habrían sido aprovechados para extraditar ilegalmente a los militantes del mln, del PCR y de los gau que permanecían en Banfield, en Quilmes y en el centro de detención conocido como coti Martínez. Los 23 documentos. Posiblemente en las próximas horas el patrocinante de los familiares de esta tanda de desaparecidos incorpore en sede judicial los restantes documentos desclasificados dados a conocer. El conjunto de éstos fue obtenido en Estados Unidos por la dirigente comunista y activista de derechos humanos Lille Caruso. Junto con ellos se presentará también un documento ubicado en el archivo de la cancillería, fechado en junio de 1976, que “aprueba y comparte” todo lo actuado por la embajada uruguaya en Buenos Aires “vinculado con los recientes hechos de notoriedad”. En mayo de ese año los comandos uruguayos del Cóndor lanzaron una ofensiva contra refugiados uruguayos, entre ellos los notorios líderes políticos exiliados. El documento indica que la embajada debe continuar “prestando toda la asistencia y amparo a su alcance a los uruguayos que pudieran requerirla y necesitarla”. Pero aclara: “Si se tratare de personas legalmente requeridas por autoridades competentes del Uruguay se servirá proveer su traslado a la República”. La documentación ubicada por Caruso -incluido el informe que López Goldaracena consignó en la ampliación de denuncia - comprende parte del tráfico de información de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires al Departamento de Estado sobre los secuestros y traslados de refugiados uruguayos. Uno de los documentos (clasificado aaee) refiere a la detención de cinco uruguayos, en las redadas de comienzos de 1978, que finalmente reaparecieron: se trata de Ivonne Cappi y Nelson Mezquida Olivera, que permanecieron en Banfield y en Quilmes durante cinco semanas, y que salieron hacia Suecia en mayo de 1978; Ubal Lanne Fernández, detenido en abril en Quilmes durante cinco semanas; Elsa Altuna, detenida en Migraciones, reaparecida en Uruguay y confinada en la cárcel de Punta de Rieles; y Ruben Washington Rodríguez, quien permaneció entre cuatro y cinco semanas en Banfield, y luego partió hacia Suecia. El documento clasificado A67A incluye una lista parcial de compatriotas eventualmente trasladados a Uruguay. Menciona a Ataliva Castillos, Miguel Ángel Ríos Casas, Célica Gómez, Andrés Carneiro da Fontoura, Carlos Cabezudo, María Antonia Castro, Mario Martínez, Raúl Borelli Cataneo, Yolanda Casco y Julio D’Elía. Según los testimonios recabados por acnur, antes de ser confinados en Banfield o Quilmes, los detenidos habrían permanecido secuestrados en una Comisaría abandonada de San Justo, provincia de Buenos Aires. Resulta sugestivo que entre los nombres consignados en ese documento aparezcan los de Cabezudo y Célica Gómez, identificados como integrantes de un primer traslado, a fines de febrero de 1978, y que habrían permanecido, hasta su desaparición definitiva, en La Tablada, que a partir de 1977 operó como centro de detención del ocoa. El conjunto de documentos ubicados reafirma también la solicitud de los denunciantes de que se practiquen excavaciones en dos puntos del establecimiento de La Tablada (en el sótano del edificio principal y en las cercanías de una cañada adyacente), donde dos testigos afirman que se produjeron enterramientos. El juez Charles ya resolvió una medida de “no innovar” y está pendiente una orden de relevamiento en La Tablada. La inclusión de esta nueva documentación en el expediente interpela al presidente Vázquez, quien en su oportunidad afirmó que, si surgían nuevas evidencias, se retomarían las investigaciones orientadas por el Poder Ejecutivo.
Fuente: Comcosur